La Asociación de clínicas abortistas y
Amnistía internacional presionan a favor del aborto libre y sin control médico
o administrativo alguno
La
Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo pide la
retirada del anteproyecto de ley del aborto, porque vulnera los derechos de las
mujeres y «desconfía» de la ética y la profesionalidad de quienes las atienden.
También Amnistía Internacional ha enviado una carta al Ministro de Justicia
quejándose de que la reforma «retrotraería al país varias décadas, a una época
precaria para los derechos humanos de las mujeres y niñas».
La Asociación de Clínicas Acreditadas para
la Interrupción del Embarazo (Acai), a la que el Ministerio de Justicia ha
pedido un informe de consulta (entre otras), solicita directamente la retirada
de la norma. Las clínicas realizan el 93% de los abortos con
conciertos con la sanidad pública.
En su análisis de la reforma, enviado esta
semana al departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, aseguran que la
ley «desconfía» de la ética y la profesionalidad de quienes las atienden,
ya que exige que dos médicos –que no trabajen en el centro donde se hará la
intervención– certifiquen que la salud de la mujer corre grave riesgo si quiere
acogerse a ese supuesto para abortar.
Acai sostiene que el diseño de la ley
impone tantas barreras administrativas –visita a dos médicos,
trabajadores sociales, siete días de espera...– que hace el acceso casi
inabordable. Citan la exposición que hizo el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en dos sentencias, en las que condenó a Polonia e Irlanda por
dificultar el acceso a esta intervención. «Una vez que el Estado, actuando
dentro de sus límites de apreciación, adopta disposiciones leales permitiendo
el aborto en algunas situaciones no debe estructurar su marco jurídico de tal
forma que limite las posibilidades reales de obtener un aborto», dice una de
esas sentencias.
Acai apunta también que con los numerosos
pasos que la ley prevé hasta llegar a la intervención, la paciente habrá dejado
su información íntima en multitud de documentos, registros y habrá tenido que
contar su caso a varios profesionales. Un ataque contra su intimidad,
valora Acai, que afectará en mayor medida las mujeres de poblaciones pequeñas y
a aquellas que soliciten el aborto por violación.
En su documento de análisis las clínicas
llaman la atención, además, sobre la «desprotección» que sufrirían los
médicos con la nueva ley. Los profesionales «quedarán al albur de la
revisión e interpretación que de sus actuaciones profesionales realicen los
juzgados y tribunales de justicia», dicen.
El anteproyecto de ley del aborto dispone
que la embarazada tendrá que recibir información sobre las opciones disponibles
si decide seguir adelante con la maternidad; tras lo que tendrá siete días
de reflexión. Un tiempo que Acai considera absolutamente excesivo, porque
se prolongaría la «situación de angustia» en la que se encuentra la mujer que
adopta la decisión de interrumpir su embarazo.
Amnistía Internacional
Por su parte, Amnistía Internacional (AI)
ha enviado una carta al Ministerio de Justicia en la que le pide la retirada de
la reforma de la ley del aborto porque supone un riesgo para la salud de las
mujeres y de las niñas e incumple las obligaciones internacionales de derechos
humanos contraídas por España. Lo ha asegurado la organización en un
comunicado, en el que la directora adjunta para Europa, Jezerca Tigani,
ha afirmado que el anteproyecto si se convierte en ley «retrotraería al país
varias décadas, a una época precaria para los derechos humanos de las mujeres y
niñas».
A su juicio, la reforma podría aumentar el
número de mujeres que recurren a procedimientos «peligrosos, inseguros,
clandestinos e ilegales» poniendo en riesgo su salud, e incluso su
vida. Para el director de AI en España, Esteban Beltrán, la reforma afectará
«desproporcionadamente» a las jóvenes pobres, porque no tienen los
medios necesarios para viajar al extranjero y acceder a abortos seguros. Añaden
que la reforma exige a las mujeres que se quedan embarazadas tras sufrir una
violación presentar una denuncia antes de poder abortar de forma legal, lo que
sería «particularmente problemático» para algunas mujeres inmigrantes que
se encuentran en situación irregular.
La organización también ha trasladado al
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió en 2012 al Gobierno
que garantizase la implementación de la ley actual de plazos para asegurar a
todas las mujeres el acceso a abortos seguros y legales. El relator especial de
Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, la Organización Mundial de la Salud
y el Consejo de Europa, por su parte, han alertado, según AI, de que las
leyes restrictivas del aborto no consiguen reducir el número de éstos,
sino que contribuyen a incrementar los procedimientos ilegales e inseguros, así
como la mortalidad materna.
(Agencias/InfoCatólica)
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