MADRID, 08 Abr. 14 / 12:25 pm (ACI/EWTN Noticias).-
Según informa Profesionales por la Ética (PPE), este miércoles el Parlamento de
Andalucía (España), aprobará con carácter de urgencia una proposición de Ley
integral “para la no discriminación por motivos de identidad de género y
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales”, que tiene entre
sus objetivos obligar a las escuelas a considerar a los alumnos como niños o
niñas “según su deseo”.
De esta manera, de aprobarse la ley, se
promoverá en Andalucía el cambio de sexo desde la infancia y se dará
preferencia a las personas transexuales para acceder a un empleo.
Ante esto, la plataforma ciudadana
Hazte Oír ha lanzado una campaña para recoger firmas y evitar que esta medida
se apruebe, pues se trata de una ley que es “un abuso y manipulación de la
infancia”,
El proyecto ha sido impulsado por
Izquierda Unida, Los Verdes y el Grupo Socialista. Según el texto presentado
“el sexo-género no es un concepto biológico sino, sobre todo, psicosocial”, por
lo que estaría basado en la percepción que el menor tenga de sí mismo.
Según explica PPE, en materia de
educación esta ley obliga a los centros educativos a aceptar y promover entre
los alumnos que existen “otros géneros” aparte del masculino y femenino. En ese
sentido, de aprobarse la ley, la Junta de Andalucía establecerá medidas para
que en los centros educativos “se defienda el derecho” a la autodeterminación
de la identidad de género y los alumnos decidan si quieren ser llamados como
hombres o mujeres; así los nombres elegidos se reflejarán en la documentación
administrativa del centro, como listados de alumnos, calificaciones académicas,
etc.
Además, los menores, a través de sus
padres, podrán solicitar la documentación acreditativa del género que hayan
elegido; si los padres no tramitaran esa solicitud, se podría recabar la
intervención del fiscal o el juez.
El presidente de PPE, Jaime Urcelay, ha
declarado que “esta proposición de ley se fundamenta en supuestos acuerdos
internacionales carentes de validez jurídica alguna, como los principios de
Yogykarta, en realidad una reunión de personas (sin representación de ningún Estado
ni organismo internacional) que otorgó carácter de ‘nuevo derecho humano’ a
cualquier deseo o pretensión basada en la orientación sexual e identidad de
género. Con el pretexto de evitar la discriminación de las personas
transexuales, en realidad se les convierte en un colectivo obligatoriamente
favorecido por las políticas públicas, con carácter transversal y dotación de
medios y estructuras”.
En ese sentido, advirtió que este
proyecto obliga a reconocer “la diversidad de comportamientos y respuestas de
las personas transexuales”, pero impide –al considerarlas anacrónicas-, , las
terapias curativas. Esto reduce “las posibilidades de realización de estas
personas a fin de que no conozcan otra solución que la cirugía severa”.
“El capítulo de los menores, la
educación y los menores es especialmente preocupante porque se obligará a
proponer a los niños la transexualidad no solo como una opción más, sino casi
como la mejor opción, sin respetar su desarrollo y maduración natural”,
advirtió.
Asimismo, “en el ámbito de la salud, al
prevalecer el derecho a la autodeterminación de género, se prohíbe que los
profesionales puedan proponer terapias o medidas psicológicas que pueden
beneficiar a estas personas, algo que perjudica al sistema sanitario y al
propio paciente”.
Por eso, Urcelay señaló que “la
sensación que da es que con esta proposición no se ayuda verdaderamente a estas
personas, al reducirles el abanico de posibilidades que pueden ser beneficiosas
para ellos, sino que se pretende extender a toda costa la ideología de género
utilizando a estas personas como pretexto”.
Para firmar la petición en contra de
esta ley se puede ingresar a:
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