EL PARLAMENTO EUROPEO TUMBA UNA RADICAL PROPUESTA ABORTISTA

Inesperada victoria provida

El aborto es un derecho fundamental, que la UE debe promover dentro y fuera de sus fronteras; los niños deben recibir desde la más tierna infancia una educación sexual obligatoria en «una atmósfera interactiva y libre de tabúes»... Éstos son algunos de los principales puntos de una resolución votada en el Parlamento europeo el martes, que el eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja califica como «la síntesis de la síntesis de todas las maldades». La división entre los populares, unida al apoyo de socialistas y liberales, hacía presagiar una contundente victoria de la propuesta, pero el texto fue devuelto al Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para una mayor deliberación

«Ha sido una victoria sorprendente», afirma Mayor Oreja desde Estrasburgo. No es una victoria definitiva. El texto volverá al Parlamento europeo, aunque revisado y previsiblemente con algunos de sus puntos más polémicos suavizados. Entre ellos, está la definición del aborto como un derecho fundamental, y la petición de que la Unión Europea lo promueva activamente dentro y fuera de sus fronteras, mediante su política exterior y de cooperación al desarrollo. La promotora de la resolución es la eurodiputada socialista portuguesa Edite Estrela, en colaboración con Vicky Claeys, responsable para Europa del lobby abortista Planned Parenthood.

Dentro de la UE, el texto cuestionaba la existencia de leyes «demasiado restrictivas» con el aborto, en Irlanda, Malta y Polonia, y pedía a los Estados miembros que pongan límites a la de la objeción de conciencia. La resolución criticaba incluso los acuerdos entre varios Estados europeos y la Santa Sede que salvaguardan este derecho. En varios países, según la resolución, son objetores el 70% de los ginecólogos y en torno el 40% de los anestesistas. También se criticaba que existan «períodos de espera obligatorios o consultorías» para las mujeres que se plantean abortar.

La resolución pretendía que se reconozca a las menores «derecho a la confidencialidad», esto es, que las adolescentes puedan abortar sin conocimiento paterno. El aborto debe ser un derecho al alcance de cualquiera en Europa, menores y discapacitados incluidos, y los Estados deben asegurar que la información sobre los servicios disponibles llegue a todo el mundo. La misma premisa aplicaba la propuesta a las técnicas de reproducción asistida y a los preservativos y otros métodos anticonceptivos. Se pedía a los Gobiernos que los promuevan y distribuyan entre los menores, al margen de cuál sea la opinión de sus padres. En esa línea, otro de los asuntos que más ampollas levantaba era la demanda de que los Estados miembros garanticen una educación sexual obligatoria para los niños de todas las edades en la escuela desde una «perspectiva de género», y en «una atmósfera interactiva y libre de tabúes entre

estudiantes y educadores».El texto no se privaba de pisar ningún callo. El eurodiputado Mayor Oreja lo considera por ello como «la síntesis de la síntesis de todas las maldades en este terreno». Pero su finalidad era más bien de tipo pedagógico o cultural. La resolución, en ningún caso, hubiera sido vinculante, ya que invadía competencias propias de los Estados, pero sí hubiera sido una eficaz ayuda para quienes libran una batalla cultural para extender el aborto y la ideología de género. De hecho, la propuesta argumentaba que «el Parlamento europeo debe defender los derechos sexuales y reproductivos» para contrarrestar «la oposición anti derecho a decidir, que se está haciendo más fuerte en España o Hungría». Faltan además pocas semanas para que concluya la recogida de firmas de la iniciativa ciudadana One of Us, a la que se han sumado ya cerca de un millón y medio de personas de diversos países para que se proteja la vida humana desde la concepción. El sector pro vida de la CDU alemana considera que el fin de esta resolución era contrarrestar el éxito de esa iniciativa y el avance del movimiento provida en Europa.

La votación se producía en un inicio de semana en que Estrasburgo ha acaparado la atención informativa desde España. La Corte europea de Derechos Humanos, con sede en esta ciudad francesa, tumbó, el lunes, la doctrina Parot. «Es la culminación de un proceso de relativismo a la hora de afrontar el terrorismo», denuncia don Jaime Mayor Oreja. Igual que ha sucedido con la sentencia del caso Faisán, «se ha enaltecido el proceso de paz y se ha relativizado la lucha antiterrorista», lamenta el ex ministro de Interior.

Ricardo Benjumea